Consultas partidistas o ciudadanas

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    Ante la declaración de inconstitucionalidad de la consulta energética por parte de la Suprema Corte, y en medio de la bancarrota política y moral de la izquierda por la tragedia de Ayotzinapa, el líder de Morena, López Obrador acusó a los ministros de “vulgares corruptos”, que “violaron la Constitución y le negaron al pueblo su derecho a decidir” y sentenció que “la historia los juzgará”. El dirigente perredista Carlos Navarrete advirtió “no nos vamos a dar por derrotados”, y adelantó que “denunciará ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la Suprema Corte por su fallo”. Como asimismo la Corte rechazó la procedencia de la consulta sobre el incremento al salario mínimo, el coordinador de la diputación panista, José Isabel Trejo, dijo que aquella “chafeó”, porque “no conocen bien la ley de ingresos”, y que es necesario modificar la ley de consulta popular “para cerrar la posibilidad de que se limiten los derechos a los ciudadanos”.

    Es natural el encono de los opositores por la resolución de la Corte, especialmente de parte de los dirigentes de izquierda, quienes de manera arriesgada le habían apostado a sus respectivas consultas energéticas como principal bandera electoral. Sin embargo, era previsible que serían rechazadas, pero no por las razones que exponen los obradoristas (“la mafia del poder”, etcétera), sino por el mismo carácter de los interrogantes, mal planteadas y, evidentemente, inconstitucionales.

    Los argumentos de los ministros fueron contundentes. Coincidieron en que la Corte no busca restringir la celebración de consultas populares, sino simplemente observar las restricciones que la propia Carta Magna establece. Nueve de cada diez magistrados rechazaron las preguntas propuestas: el artículo 35 constitucional prohíbe consultar lo relativo con los ingresos y egresos del Estado (“el tema de la explotación petrolera configura un capítulo principal en el financiamiento del Estado”), y la pregunta de Morena, por ejemplo, es ambigua (“el consultado podría estar de acuerdo en alguno de los casos con todo su consentimiento, y en algunos otros sólo en parte”) y está mal planteada, porque interroga sobre si se está de acuerdo con las concesiones energéticas, “cuando esto ya es una situación que quedó prácticamente fuera del texto constitucional”. Como señaló la ministra Luna Ramos, “no es posible que la consulta nos lleve a la posibilidad de una reforma a la Constitución, porque el artículo 135 nos establece un régimen específico de reforma constitucional”.

    Con estas sentencias (la consulta priista sobre las pluris también fue desechada) la Corte, además de velar por la constitucionalidad de las leyes y su aplicación, ha impedido que se distorsione el verdadero propósito de la consulta popular. Esta, conforme a la ley, se define como “el mecanismo de participación por el cual los  ciudadanos ejercen su derecho, a través del voto emitido mediante el cual expresan su opinión respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional”. Las consultas populares son ejercicios de democracia directa, un procedimiento complementario a la democracia representativa. Las consultas populares no sustituyen a la soberanía parlamentaria ni mucho menos están para torpedear sus decisiones, como lo pretendía la izquierda.

    Debe ser la agenda ciudadana la que marque la pauta de las consultas populares, no la que impongan los partidos. Si bien, la ley de consulta popular es perfectible, no puede estar sujeta a capricho cada vez que alguna resolución no beneficie a algún partido ni mucho menos descalificar a la Corte cuando sus sentencias contribuyen a que la consulta popular sea un ejercicio de responsabilidad política.

    Entretelones

    ¿La “pareja imperial” era la cabeza o un brazo de la red criminal creada por la izquierda?

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    Post y Contenido Original de : Excelsior

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