Hijos de Grotius en la Corte

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    Catherine Prati Rousselet*

    De acuerdo con datos del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, la economía mexicana ocupa el 14vo lugar mundial. México ostenta también un mediocre 57mo Índice de Desarrollo Humano, apelando perentoriamente a la metamorfosis legislativa más profunda de su historia posrevolucionaria.

    La movilización para el progreso no sólo se está dando en las estrepitosas tribunas del legislativo. Es de celebrarse que en fechas recientes, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan N. Silva Meza, se haya reunido con los presidentes de los tribunales internacionales más relevantes de la era. En Estrasburgo con Dean Spielmann (Corte Europea de Derechos Humanos) y en La Haya con Peter Tomka (Corte Internacional de Justicia) y Sang-Hyun Song (Corte Penal Internacional). Perpetuando una gran tradición jurídica, se acordó fomentar un diálogo formal para armonizar el derecho interno con el derecho internacional, y fortalecer los programas de capacitación para enriquecer la preparación de los jueces mexicanos.

    En 1899, México participó, como único país de América Latina, en la Conferencia Internacional de La Haya propuesta por el Zar Nicolás II y destinada a limitar los armamentos. No se alcanzó ningún acuerdo en materia de desarme, pero con el establecimiento de la Corte Permanente de Arbitraje se estableció un paradigma universalmente aceptado, el de la creación de tribunales internacionales permanentes para la resolución de controversias en la comunidad internacional.

    Con la creación de la Corte Permanente de Justicia Internacional en el marco de la Sociedad de las Naciones, se afianzó el prestigioso antecedente de la actual Corte Internacional de Justicia (CIJ), órgano judicial del Sistema de las Naciones Unidas cuya vocación es resolver toda controversia jurídica entre los Estados miembro y eventualmente no miembro.

    En 2008, después de múltiples tergiversaciones diplomáticas con su vecino del norte —que se añadieron a las lentas adaptaciones de las legislaciones estatales a la normativa federal— y seis años después de la entrada en vigor del Estatuto de Roma, México se convirtió en el Estado miembro número 100 (de 122) de la Corte Penal Internacional, complementaria de las jurisdicciones nacionales, encargada de juzgar los crímenes de lesa humanidad, de guerra, de genocidio y de agresión (a partir de 2017).

    En la Comisión de Derecho Internacional (creada en aplicación del Art. 13 de la Carta de las Naciones Unidas con el fin de desarrollar y codificar el derecho internacional) y en la CIJ, México ha representado el sistema jurídico de la región a través de ilustres figuras: Isidro
    Fabela
    (1946-1952), Roberto Córdova (1955-1964), Luis Padilla Nervo (1964-1973) y Bernardo Sepúlveda Amor (2006-2014), actualmente vicepresidente de la Corte.

    Los efectos de la globalización son múltiples y no siempre afortunados.

    Sin embargo, la visita europea del ministro presidente de la SCJN permite augurar próximos e inconmensurables avances en materia de impartición integral de justicia alrededor del mundo.

    Silva Meza declaró, “queremos ser parte del sistema universal de protección de los derechos humanos”, porque el diálogo jurisprudencial entre cortes ya es un hecho, “nos citan y los citamos”, “nos invocan y los invocamos”. Los jueces mexicanos tienen el reto de conocer y aplicar el derecho internacional, así como las resoluciones e interpretaciones de los tribunales regionales (léase, Corte Interamericana de Derechos Humanos) e internacionales.

    Sin duda y, por fin, armonización de lo nacional con lo internacional.

    * Coordinadora académica de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Anáhuac México Norte

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    Post y Contenido Original de : Excelsior

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