ONG y académicos repudian iniciativa de Ley General de Archivos

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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La iniciativa de Ley General de Archivos que presentó el Senado en noviembre pasado es un retroceso en materia de transparencia y rendición de cuentas, pues prevalecen los criterios políticos sobre las directrices técnicas y especializadas en el resguardo de los documentos, denunciaron organizaciones sociales y académicos.

En rueda de prensa, representantes de Artículo 19, Comité Mexicano de Ciencias Históricas, Red por la Rendición de Cuentas y del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) señalaron al menos siete puntos de la ley que pondrían en riesgo la conservación de la memoria histórica y, sobre todo, el acceso a documentos clave para entender el contexto de violaciones a derechos humanos y corrupción en las instituciones actualmente.

Los que más destacan –y de los que ya habían dado cuenta desde el año pasado– son los artículos 98 y 105 de la ley, con los que se pretende dejar en manos de la Secretaría de Gobernación (Segob) los criterios y la política archivística nacional al encabezar el Consejo Nacional de Archivos.

Esto significaría, señaló Lourdes Morales, de la Red por la Rendición de Cuentas, que serían los intereses del gobierno en turno los que prevalecerían en la determinación del acceso a los documentos.

En la ley, mencionaron los inconformes, tampoco se hace referencia a plazos de transferencia de los archivos de concentración al Archivo General de la Nación (AGN), acción con la que los documentos que producen las dependencias actuales permanecen largo tiempo sin orden, clasificación y acceso.

“No sabemos qué está pasando al interior de las instituciones con los archivos históricos y documentos de hoy en día”, refirió Carlos Dorante, de Artículo 19.

Los expertos también identificaron que, derivado de una falta de congruencia interna de la Ley General de Archivos, incluso con las otras dos leyes que componen el marco normativo para la rendición de cuentas (la Ley General de Acceso a la Información y la General de Protección de Datos Personales), “cualquier dato personal sirve para impedir el acceso público a los archivos históricos”.

Alfredo Ávila, presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas, dijo que se llega al ridículo de que nombres de personajes públicos del siglo XX se testan, con lo que, acotó la doctora del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, Aurora Gómez, se pone en peligro la conservación del conocimiento del siglo XX.

“Es una ley que lo único que garantiza es la oscuridad en la rendición de cuentas, además de que dificulta el acceso y clasificación de documentos que se generan actualmente como históricos para su consulta pública”, refirió.

La periodista independiente Susana Zavala dijo que esta ley, el último “engranaje” que falta para la política de rendición de cuentas en el país, prácticamente limita el acceso a la información de los gobernantes en turno: de aprobarse, “ellos decidirían qué información nos dan, cuándo nos las dan y cómo”, alertó.

Los expertos reiteraron su llamado a la Cámara alta para que apruebe una Ley de Archivos acorde con la política de transparencia, así como un incremento presupuestario al AGN, de 20 millones a 450 millones de pesos, lo que también garantizaría su autonomía presupuestaria y estaría acorde con el incremento de sus funciones.

“Si van a aprobar una ley así, sin contemplar de manera real todas las voces, preferimos que no aprueben nada”, fustigó Lourdes Morales.

A la fecha, las ONG han enviado cinco exhortos al Senado con sus observaciones.

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Source: Proceso

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